La Jornada: ¿Por qué marchamos en Arizona?

http://www.jornada.unam.mx/2010/01/09/index.php?section=opinion&article=013a1pol

 

¿Por qué marchamos en Arizona?

Pablo Alvarado*

La Jornada

Estados Unidos enfrenta una crisis que debe resolver preservando su carácter de nación de inmigrantes. Esto comienza respetando la dignidad e integridad de los seres humanos. Caracterizar el fenómeno de la migración como un asunto de criminalidad aleja al país, cada vez más, de estos principios universales. Cuando 12 millones de personas huyen de la violencia, de desastres naturales y de la extrema pobreza no se habla de crimen, sino de crisis humanitaria.

 Este año, esa nación intentará nuevamente reparar y modernizar un sistema migratorio quebrantado que permite que la sociedad estadunidense se beneficie y goce de los frutos del trabajo del inmigrante sin aceptar su humanidad y sin reconocer sus derechos. Los legisladores ya hicieron un intento y fallaron en 2006 y 2007. No pudieron llegar a un acuerdo alrededor de la reforma migratoria, dando luz verde para que los estados, los condados y las municipalidades asuman la responsabilidad del gobierno federal y adopten su propia versión de reforma migratoria. Esto únicamente ha causado sufrimiento y caos.

 Las fuerzas antimigrantes extremas de ese país han envenenado el debate con odio y racismo. La ola de ataques contra el pueblo migrante toma matices cada vez más agresivos, más groseros y crueles. Pareciera que la ingratitud y perversidad no tienen parámetros éticos, morales o espirituales. Los adversarios procuran hacer la vida del pueblo migrante tan mísera y desdichada como para que éste se autodeporte. Para ello, deben cerrar todas las posibilidades de sobrevivencia económica y despojar a la persona migrante de sus derechos y de su humanidad.

 Las agresiones van desde negar servicios de salud básicos hasta transformar doctores y enfermeras en agentes de migración. Desde negar subsidios de vivienda, incluso a personas con documentos, hasta criminalizar a propietarios de casas y apartamentos por rentarle a indocumentados. Desde tener a agentes de migración en las cárceles hasta dar poder a la policía de parar a cualquier persona en la calle y pedirle sus documentos migratorios. Desde quitarle el derecho a un proceso debido al indocumentado hasta darle poder de decisión absoluta a los oficiales de migración.

 La embestida contra el migrante no sólo se reduce a una estrategia de desgaste económico. Despojarlo de su dignidad humana es ciertamente una de las premisas fundamentales para legitimar y normalizar cualquier allanamiento en su contra. Es decir, se trata de humillarlo para que sus derechos sean vistos, de alguno u otro modo, en otra dimensión. Se comienza caracterizándolo como un ser “ilegal”, calificativo que ha adquirido connotaciones racistas, de desprecio y de burla. Este epíteto ha evolucionado de “ilegal” a “invasor”, de “criminal” a “terrorista”.

 En su afán de materializar este proceso de deshumanización, los adversarios de los inmigrantes están implementando prácticas de perfil racial, persecución sistemática y niveles de degradación de la persona no vistos en más de una generación. En este sentido, no es una simple coincidencia que madres indocumentadas detenidas tengan que dar a luz esposadas de pies y manos a las camillas. No es casualidad que se desfile por las calles a prisioneros indocumentados y que se llame a los medios de comunicación para humillarlos y montar un show. No es una eventualidad arrancar a una madre de sus hijos en público y darle a los niños juguetes para consolarlos. No es una simple circunstancia establecer una línea telefónica para que cualquier persona sospechosa de ser indocumentada pueda ser reportada. No es puramente un incidente que alguaciles y oficiales electos se conviertan en héroes de grupos supremacistas blancos. Sobre todo, no es algo surgido de la nada que este tipo de maltrato se vea como normal, incluso por personas que simpatizan con el pueblo migrante indocumentado.

 Esta estrategia de desgaste impulsada por la extrema derecha y los grupos antimigrantes ya no distingue entre los indocumentados y los que poseen estatus migratorio legal. El resultado es que en algunos lugares de Estados Unidos, los latinoamericanos (inmigrantes y estadunidenses) no gozan de las mismas protecciones constitucionales que posee la comunidad blanca. Arizona es prueba de esta realidad. El jefe del Departamento de Alguaciles del condado de Maricopa deliberadamente ha decidido interrogar, detener, arrestar y deportar a todas aquellas personas que tengan apariencia mexicana.

 Muchas de estas prácticas están ocurriendo en el país, pero de manera más pronunciada en ese condado. Dicho estado se ha convertido en el laboratorio donde se experimentan las medidas y prácticas antimigrantes más aberrantes del país.

 Pero en Arizona también hay lucha y resistencia. Las familias inmigrantes, sus organizaciones, sus aliados y amigos están alzando la voz y diciendo basta. El 16 de enero saldrán a las calles para denunciar la persecución y criminalización del migrante. Van a exigir el fin de los programas que permiten la colaboración entre la policía y agentes federales, incluyendo la medida 287g. Van a marchar para contener la expansión de las políticas y prácticas antimigrantes a otros lugares del país. Van a marchar para exigir una reforma migratoria justa, inclusiva, que conduzca a la ciudadanía y la igualdad política. Van a marchar para asegurar que Estados Unidos preserve su carácter de nación de inmigrantes. Van a marchar para asegurar que éste sea un país de inclusión, no de exclusión. Van a marchar para reclamar su derecho a existir. Van a marchar para defender los derechos civiles y humanos de todos y todas.

 Dos días antes de celebrar el aniversario del doctor Martin Luther King Jr. la comunidad inmigrante y sus aliados en Arizona van a recrear su legado. Van a continuar marchando y resistiendo pacíficamente para que el sueño del Dr. King se haga realidad. A cuatro décadas de su asesinato, las comunidades de color, los latinos y los afroamericanos continúan luchando para que las personas sean juzgadas por el contenido de su carácter y no por el color de la piel. Si el Dr. King viviera, el 16 de enero marcharía junto a las familias latinas de Arizona. Pero su sueño se cumplirá algún día. Algunas veces la justicia tarda, pero no olvida. Sí se puede.

*Pablo Alvarado es director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras (National Day Laborer Organizing Network, NDLON), alianza nacional de 41 organizaciones de base dedicada a la defensa y organización de trabajadores inmigrantes eventuales en Estados Unidos 

AP: Border Patrol Agent Murders Jorge Alfredo Solis Palma

sun-sentinel.com/news/nationworld/sns-ap-lt-mexico-us-border-shooting,0,4650159.story

South Florida Sun-Sentinel.com

Mexico expresses «deep concern» at shooting of migrant by US Border Patrol

By Associated Press

12:17 AM EST, January 6, 2010

MEXICO CITY (AP) — The Mexican government says it is concerned by the fatal shooting of a Mexican migrant by a U.S. Border Patrol agent.

Mexico’s Foreign Relations Department says it will closely watch investigations into the case, and has expressed the government’s «deep concern» over the shooting.

The department identified the shooting victim as Jorge Alfredo Solis Palma.

Solis Palma was shot and killed Monday after he reportedly attacked a U.S. Border Patrol agent in southern Arizona with rocks.

The incident is being investigated by the Cochise County, Arizona Sheriff’s Office, the FBI and the Border Patrol.

The area is frequently used by undocumented migrants. The Foreign Relations Department’s statement did not say what Solis Palma was doing there.

Copyright 2010 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

NY Times: Officials Hid Truth About Immigrant Deaths in Jail

January 10, 2010

Officials Hid Truth About Immigrant Deaths in Jail

By NINA BERNSTEIN

Silence has long shrouded the men and women who die in the nation’s immigration jails. For years, they went uncounted and unnamed in the public record. Even in 2008, when The New York Times obtained and published a federal government list of such deaths, few facts were available about who these people were and how they died.

But behind the scenes, it is now clear, the deaths had already generated thousands of pages of government documents, including scathing investigative reports that were kept under wraps, and a trail of confidential memos and BlackBerry messages that show officials working to stymie outside inquiry.

The documents, obtained over recent months by The Times and the American Civil Liberties Union under the Freedom of Information Act, concern most of the 107 deaths in detention counted by Immigration and Customs Enforcement since October 2003, after the agency was created within the Department of Homeland Security.

The Obama administration has vowed to overhaul immigration detention, a haphazard network of privately run jails, federal centers and county cells where the government holds noncitizens while it tries to deport them.

But as the administration moves to increase oversight within the agency, the documents show how officials — some still in key positions — used their role as overseers to cover up evidence of mistreatment, deflect scrutiny by the news media or prepare exculpatory public statements after gathering facts that pointed to substandard care or abuse.

As one man lay dying of head injuries suffered in a New Jersey immigration jail in 2007, for example, a spokesman for the federal agency told The Times that he could learn nothing about the case from government authorities. In fact, the records show, the spokesman had alerted those officials to the reporter’s inquiry, and they conferred at length about sending the man back to Africa to avoid embarrassing publicity.

In another case that year, investigators from the agency’s Office of Professional Responsibility concluded that unbearable, untreated pain had been a significant factor in the suicide of a 22-year-old detainee at the Bergen County Jail in New Jersey, and that the medical unit was so poorly run that other detainees were at risk.

The investigation found that jail medical personnel had falsified a medication log to show that the detainee, a Salvadoran named Nery Romero, had been given Motrin. The fake entry was easy to detect: When the drug was supposedly administered, Mr. Romero was already dead.

Yet those findings were never disclosed to the public or to Mr. Romero’s relatives on Long Island, who had accused the jail of abruptly depriving him of his prescription painkiller for a broken leg. And an agency supervisor wrote that because other jails were “finicky” about accepting detainees with known medical problems like Mr. Romero’s, such people would continue to be placed at the Bergen jail as “a last resort.”

In a recent interview, Benjamin Feldman, a spokesman for the jail, which housed 1,503 immigration detainees last year, would not say whether any changes had been made since the death.

In February 2007, in the case of the dying African man, the immigration agency’s spokesman for the Northeast, Michael Gilhooly, rebuffed a Times reporter’s questions about the detainee, who had suffered a skull fracture at the privately run Elizabeth Detention Center in New Jersey. Mr. Gilhooly said that without a full name and alien registration number for the man, he could not check on the case.

But, records show, he had already filed a report warning top managers at the federal agency about the reporter’s interest and sharing information about the injured man, a Guinean tailor named Boubacar Bah. Mr. Bah, 52, had been left in an isolation cell without treatment for more than 13 hours before an ambulance was called.

While he lay in the hospital in a coma after emergency brain surgery, 10 agency managers in Washington and Newark conferred by telephone and e-mail about how to avoid the cost of his care and the likelihood of “increased scrutiny and/or media exposure,” according to a memo summarizing the discussion.

One option they explored was sending the dying man to Guinea, despite an e-mail message from the supervising deportation officer, who wrote, “I don’t condone removal in his present state as he has a catheter” and was unconscious. Another idea was renewing Mr. Bah’s canceled work permit in hopes of tapping into Medicaid or disability benefits.

Eventually, faced with paying $10,000 a month for nursing home care, officials settled on a third course: “humanitarian release” to cousins in New York who had protested that they had no way to care for him. But days before the planned release, Mr. Bah died.

Among the participants in the conferences was Nina Dozoretz, a longtime manager in the agency’s Division of Immigration Health Services who had won an award for cutting detainee health care costs. Later she was vice president of the Nakamoto Group, a company hired by the Bush administration to monitor detention. The Obama administration recently rehired her to lead its overhaul of detainee health care.

Asked about the conference call on Mr. Bah, Ms. Dozoretz said: “How many years ago was that? I don’t recall all the specifics if indeed there was a call.” She added, “I advise you to contact our public affairs office.” Mr. Gilhooly, the spokesman who had said he had no information on the case, would not comment.

On the day after Mr. Bah’s death in May 2007, Scott Weber, director of the Newark field office of the immigration enforcement agency, recommended in a memo that the agency take the unusual step of paying to send the body to Guinea for burial, to prevent his widow from showing up in the United States for a funeral and drawing news coverage.

Mr. Weber wrote that he believed the agency had handled Mr. Bah’s case appropriately. “However,” he added, “I also don’t want to stir up any media interest where none is warranted.” Helping to bury Mr. Bah overseas, he wrote, “will go a long way to putting this matter to rest.”

In the agency’s confidential files was a jail video showing Mr. Bah face down in the medical unit, hands cuffed behind his back, just before medical personnel sent him to a disciplinary cell. The tape shows him crying out repeatedly in his native Fulani, “Help, they are killing me!”

Almost a year after his death, the agency quietly closed the case without action. But Mr. Bah’s name had shown up on the first list of detention fatalities, obtained under the Freedom of Information Act, and on May 5, 2008, his death was the subject of a front-page article in The Times.

Brian P. Hale, a spokesman for Immigration and Customs Enforcement, said in an interview that the newly disclosed records represented the past, and that the agency’s new leaders were committed to transparency and greater oversight, including prompt public disclosure and investigation of every death, and more attention to detainee care in a better-managed system.

But the most recent documents show that the culture of secrecy has endured. And the past cover-ups underscore what some of the agency’s own employees say is a central flaw in the proposed overhaul: a reliance on the agency to oversee itself.

“Because ICE investigates itself there is no transparency and there is no reform or improvement,” Chris Crane, a vice president in the union that represents employees of the agency’s detention and removal operations, told a Congressional subcommittee on Dec. 10.

The agency has kept a database of detention fatalities at least since December 2005, when a National Public Radio investigation spurred a Congressional inquiry. In 2006, the agency issued standard procedures for all such deaths to be reported in detail to headquarters.

But internal documents suggest that officials were intensely concerned with controlling public information. In April 2007, Marc Raimondi, then an agency spokesman, warned top managers that a Washington Post reporter had asked about a list of 19 deaths that the civil liberties union had compiled, and about a dying man whose penile cancer had spread after going undiagnosed in detention, despite numerous medical requests for a biopsy.

“These are quite horrible medical stories,” Mr. Raimondi wrote, “and I think we’ll need to have a pretty strong response to keep this from becoming a very damaging national story that takes on long legs.”

That response was an all-out defense of detainee medical care over several months, including statistics that appeared to show that mortality rates in detention were declining, and were low compared with death rates in prisons.

Experts in detention health care called the comparison misleading; it also came to light that the agency was undercounting the number of detention deaths, as well as discharging some detainees shortly before they died. In August, litigation by the civil liberties union prompted the Obama administration to disclose that more than one in 10 immigrant detention deaths had been overlooked and omitted from a list submitted to Congress last year.

Two of those deaths had occurred in Arizona, in 2004 and 2007, at the Eloy Detention Center, run by the Corrections Corporation of America. Eloy had nine known fatalities — more than any other immigration jail under contract to the federal government. But Immigration and Customs Enforcement was still secretive. When a reporter for The Arizona Republic asked about the circumstances of those deaths, an agency spokesman told him the records were unavailable.

According to records The Times obtained in December, one Eloy detainee who died, in October 2008, was Emmanuel Owusu. An ailing 62-year-old barber who had arrived from Ghana on a student visa in 1972, he had been a legal permanent resident for 33 years, mostly in Chicago. Immigration authorities detained him in 2006, based on a 1979 conviction for misdemeanor battery and retail theft.

“I am confused as to how subject came into our custody???” the Phoenix field office director, Katrina S. Kane, wrote to subordinates. “Convicted in 1979? That’s a long time ago.”

In response, a report on his death was revised to refer to Mr. Owusu’s “lengthy criminal history ranging from 1977 to 1998.” It did not note that except for the battery conviction, that history consisted mostly of shoplifting offenses.

A diabetic with high blood pressure, he had been detained for two years at Eloy while he battled deportation. He died of a heart ailment weeks after his last appeal was dismissed.

LGBT Revolutionary Activist Walter Tróchez Shot to Death in Honduras

LGBT Activist Walter Trochez Shot to Death in Honduras

Doug Ireland reports on a horrible loss in Honduras:

«Walter Trochez 25 years old, a well-known LGBT activist in Honduras who was an active member of the National Resistance Front against the coup d’etat there, was assassinated on the evening of December 13, shot dead by drive-by killers. Trochez, who had already been arrested and beaten for his sexual orientation after participating in a march against the coup, had been very active recently in documenting and publicizing homophobic killings and crimes committed by the forces behind the coup, which is believed to have been the motive for his murder. He had been trailed for weeks before his murder by thugs believed to be members of the state security forces. In an open letter documenting this wave of political assassinations of Honduran queers he’d written last month entitled ‘Increase in hate crimes and homophobia towards LGTB as a result of the civic-religious-military coup in Honduras,’ Trochez had written that ‘Once again we say it is NOT ACCEPTABLE that in these past 4 months, during such a short period, 9 transexual and gay friends were violently killed, 6 in San Pedro Sula and 3 in Tegucigalpa.’ At the end of this open letter, Trochez declared that ‘As a revolutionary, I will always defend my people, even if it takes my life’. Sadly, that’s what happened.»

Ireland points to a letter translated by American University Assistant Professor of Anthropology Adrienne Pine about the Trochez murder from the Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH — the Center for the Investigation and Promotion of Human Rights in Honduras), which you can find here.

The letter reads, in part: 

«On December 4th the human rights advocate Walter Tróchez, member of the LGBT community and active member of the Resistance Front was kidnapped and savagely beaten outside the ‘El Obelisco’ Park in Comayaguela, by four hooded men who drove a gray pickup, without plates, presumably of the DNIC [national criminal investigation directorate] (a vehicle of similar description, as he denounced publicly several months ago, had been staking out his house, obligating him to move). On that day the kidnappers told him they knew him well and they were going to kill him. They hooded him, insulted him, and began to interrogate him about the resistance, asking for information about its leaders and its movements. At that time he managed to escape alive, and the next day he filed a complaint with national and international authorities. Today we have been informed that he has been assassinated by two gunshots just outside of Larach & Co. in the center of Tegucigalpa.»

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Original

Tegucigalpa, Honduras
14 de diciembre de 2009

El pasado 4 de diciembre el defensor de derechos humanos, Walter Tróchez, miembro de la comunidad gay, lésbica, trans, bisexual, y miembro activo del Frente de Resistencia, fue secuestrado y salvajemente golpeado a inmediaciones del Parque El Obelisco de Comayaguela, por cuatro hombres encapuchados que se transportaban en un vehículo pick up, color gris, sin placas, presumiblemente de la DNIC (similar descripción al vehículo, que él denunció hace algunos meses, había montado vigilancia a su casa de habitación, lo que le obligó a mudarse).

Ese día los secuestradores le dijeron que lo conocían bien y que lo iban a matar, lo encapucharon, le insultaron y comenzaron a hacer preguntas sobre la resistencia y pedir información de sus líderes y sus movimientos. En ese momento el logró escapar con vida, al siguiente día interpuso la denuncia ante instancias nacionales e internacionales.

El día de hoy nos han informado que ha sido asesinado de dos disparos a inmediaciones de Larach y Cía en el centro de Tegucigalpa.

Denunciamos ante todos los hondureños y hondureñas y la comunidad internacional tan deplorable suceso; esta muerte se suma a las más de diez que ya lleva la comunidad gay, lésbica, trans y bisexual de Honduras y a la persecución, hostigamiento y amenazas que han venido sufriendo organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos después del 28 de junio en el marco del golpe de Estado.

Exigimos a las autoridades que este crímen no quede impune, que se realice la investigación correspondiente y que se deduzcan las responsabilidades del caso.

Exigimos al Estado de Honduras garantice la integridad física y la vida de aquellas personas que desarrollan acciones de procuración de derechos humanos, que se respeten y cumplan los tratados y convenios internacionales que protegen a los y las defensoras de derechos humanos y a la población en general.

Exigimos el cese de la persecución, amenazas y hostigamiento al que están sujetos las personas, líderes y organizaciones que se oponen y difieren ideológicamente del régimen de facto.

CIPRODEH
HONDURAS

Operativo Endgame: ¿El juego final de la Migra?

Tucson, AZ- Imaginese a un ejército de más de 300 agentes armados circulando un edificio para capturar a los sujetos; imaginese retenes donde autoridades federales paran, cuestionan y detienen a personas sospechosas de ser «criminales» o «terroristas». Niños y niñas llegan a sus casas de la escuela con el temor de que sus padres hayan sido detenidos o expulsados del país; las comunidades bajo zonas de conflicto temen ser las victimas del próximo ataque.

Esto no es una escena de la guerra en Irak. Esto esta sucediendo aquí mismo en Arizona y a lo largo de los Estados Unidos de América.

La pregunta del millón es ¿porque las redadas y deportaciones de inmigración siguen aumentando? ¿Aspirará el gobierno federal a deportar a los más de 12 millones de personas indocumentadas que viven en el país?

 

Incrementan las redadas y deportaciones

Hay que examinar la situación actual. A nivel nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o I.C.E. por sus siglas en Ingles) sigue rompiendo records en el número de redadas de inmigración en los sitios de trabajo. Según documentos federales, las redadas en los sitios de trabajo han incrementado de 845 en el año 2004 a más de 4,000 en el 2007. Una de las redadas más grandes en la historia del país, ocurrió en un día sagrado para la mayoría de los mexicanos—el 12 de Diciembre del 2006 (Día de La Virgen de Guadalupe). Más de 1,000 agentes de inmigración I.C.E. realizaron redadas sumamente coordinadas a través de seis estados de la republica contra trabajadores de la planta Swift & Company donde deportaron a más de 1,200 personas—mamas, papas, tíos, tías, hijos, primas y sobrinas incluidas entre ellas.

Una investigación hecha por la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados documenta el testimonio de una señora afectada por la redada en Swift: «Como a las 7:30am, notamos que el supervisor le estaba diciendo a todos los trabajadores que se quiten sus herramientas, cuchillos, etc. Nadie sabia que estaba sucediendo hasta que alguien dijo que inmigración estaba circulando la planta. Me puse nerviosa y fui a buscar a mi esposo y tres sobrinas…ellas estaban asustadas y llorando…los agentes de I.C.E. nos llevaron a sus oficinas en grupos para revisarnos, pero nomás revisaban a la gente de aspecto Latino; a los anglosajones les daban una tarjeta azul y los dejaban ir…Nos gritaban y nos insultaban…Es muy difícil hablar de esto, nunca lo voy a olvidar.»  

El número de investigaciones en los sitios de trabajo ha multiplicado lo doble en solo el año pasado.

En la página oficial de I.C.E, dicha institución del gobierno federal orgullosamente documenta como logro la deportación de «casi 195,000 ilegales del país en el año fiscal 2006». En total, mas de 1.6 millones migrantes han sido deportados desde 1994. I.C.E. por igual incrementó el número de equipos dedicados a capturar a personas identificadas como fugitivas: hubo 35 equipos en abril del 2006, para finales de septiembre del mismo año subió a 50, y para finales del año fiscal 2007 habían 75 equipos en la nación—todos dedicados a perseguir y deportar a gente trabajadora indocumentada.

 También ha incrementado el número de detenidos en los centros de detención de 5,532 en el año 1994 a más de 27,500 detenidos hoy en día. Compañías privadas y condados locales tienen ganancias de un promedio de $95 por cada detenido bajo custodia. Según Detention Watch Network—coalición nacional dedicada a reformar los centros de detención—siendo una industria muy lucrativa, el espacio en los centros de detención esta por aumentar el triple durante los próximos años. En el 2004, el Congreso estadounidense autorizó el aumento de 40,000 nuevas camas para el año 2010. Lo que significa que mientras que el número de camas en los centros de detención incrementen, operativos de redadas, detenciones y deportaciones igualmente aumentaran.

 

El plan gubernamental

¿Que significa todo esto? ¿Porque estamos viendo el aumento de operativos persiguiendo a familias trabajadoras?

La situación es alarmante. Cada redada que se reporta es parte de un plan aterrador del gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional, I.C.E., y la Oficina de Retiro y Detención (D.R.O. por sus siglas en Ingles) se reunieron para desarrollar un documento titulado Endgame (o Juego Final). Endgame es un plan estratégico de 10 años que comenzó en el año 2003 para perseguir, detener y deportar a cada persona indocumentada del país para el año 2012. En la edición del 26 de marzo de 2007 del periódico «Boston Globe», La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) escribió una opinión criticando el operativo Endgame. Al siguiente día, I.C.E. retiro ese documento de su página de internet www.ice.gov.

Sin duda alguna, la intención de I.C.E y el gobierno federal es de incrementar sus recursos para tener la capacidad de masivamente deportar a los más de 12 millones de personas indocumentadas del país. Hasta la fecha, el Congreso ha reservado más de $204 millones para fundar estos esfuerzos.

Para cumplir este plan tan ambicioso, I.C.E. tendrá que seguir aumentando el número de redadas en los próximos cuatro años. Según Isabel García, copresidente de La Coalición de Derechos Humanos, con el plan Endgame, la comunidad migrante será sometida a la continua violación sistemática de sus derechos humanos: «vamos a ver un sufrimiento increíble con más familias separadas, y la militarización de nuestras comunidades bajo la política del control policíaco.» Isabel aclaró que esto es lo que le espera a nuestra comunidad a menos que movilicemos un movimiento fuerte por nuestra humanidad.

 

¡Unir para Organizar!

 A la abuelita Doña Rita Aguirre de la comunidad de Barrio Chicano en Tucson, Arizona no le sorprende tal plan gubernamental porque ella recuerda como el gobierno ha deportado masivamente a mexicanos en el pasado. Con Operativo Mojado (Operation Wetback) en 1954, el gobierno estadounidense lanzó una campaña masiva expulsando a mas de 1.1 millones de mexicanos—con y sin papeles—del país. Es por eso que Doña Rita considera que «lo que tenemos que hacer es defender nuestros derechos porque tengas papeles o no, todos tenemos derechos civiles.» También agregó que ante tales operativos agrediendo a la comunidad migrante «todos deberíamos de unirnos porque la unión hace la fuerza.»

Las redadas son actos premeditados por parte del gobierno para inculcar temor en las familias y desestabilizar los sitios de trabajo y nuestras comunidades. Es por eso que son de mayor importancia los consejos de Doña Rita.

Militante de la campaña «Alto a las Redadas», Egla Gutiérrez, 20, comparte las demandas que promueve dicha organización juvenil de Tucson:

Hacemos un llamado exigiendo:                                                                                             

* un alto inmediato a todas las redadas, secuestros, deportaciones, y asesinatos de nuestra gente.     

* la libertad inmediata de todos los migrantes detenidos y el cierre de cada centro de detención.  

* un alto a la militarización de la frontera. Exigimos el retiro de la migra, la seguridad nacional, y las fuerzas armadas de la frontera de México-EEUU.

¿Hacia donde marchamos? Conclusión

El gobierno tiene la meta de deportar a los 12 millones de personas indocumentadas del país porque nos consideran «ilegales» y «criminales». Pero al violar nuestros derechos humanos, la migra y el gobierno federal son los verdaderos ilegales y criminales. Entonces mejor me pregunto ¿será posible organizarnos para deportar a la migra y al gobierno federal para el año 2012? 

Las redadas y deportaciones no son ataques aislados, pero sino parte de una estrategia sistemática y coordinada para aterrorizar a nuestras familias. Ante dicha crisis humanitaria, represión creciente y violencia en contra de las comunidades compuestas por personas de perfil oscuro, la concienciación y la unión de nuestra comunidad es esencial. Tenemos una potencia increíble para construir un movimiento masivo y comunitario por los derechos de los migrantes con el liderazgo de los jóvenes, familias y la comunidad entera.

Nuestra lucha es por una comunidad sana, pacifica y organizada donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Queremos vivir en un mundo sin fronteras, libre de injusticias y opresión.